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La cuestión de la vivienda en España

La vivienda es un derecho no un negocio.

Más de 3 millones y medio de viviendas vacías en toda España, 1 millón en las ciudades. Los trabajadores dedican más del 40% del sueldo a poder pagarla, los jóvenes no pueden emanciparse. Sigue construyéndose vivienda de manera incontrolada, especulación, enriquecimiento a costa de un derecho básico. Paro, ERTEs, cierres, trabajadores que no cobran y un gobierno incompetente, intervenido y controlado por las grandes empresas que legislan y ejecutan la economía a su antojo. Los trabajadores pagamos las consecuencias de un sistema capitalista caduco.

Hipotecas impagables y alquileres por las nubes gracias a la pasividad de todas y cada una de las administraciones locales, autonómica y nacional. 1.002.000 de desahucios desde 2008, 60.000 al año, dos millones y medio de trabajadores afectados. Mientras, la campaña del miedo frente a la ocupación de vivienda se cierra con beneficios millonarios para las empresas de seguridad – en manos de grandes familias de explotadores -, gracias al beneplácito de todos los medios, contrarios o no al gobierno.

Las clases parasitarias en España, rentistas y grandes propietarios, impiden el acceso a una vivienda digna en España lucrándose del sueldo de millones de trabajadores, mientras todos y cada uno de los partidos del sistema, izquierda o derecha, les bailan el agua y consienten sus privilegios.

La construcción de vivienda sufrió un gran cambio a finales del s. XIX y principios del siglo XX por la gran industrialización. En España, a este sector controlado por grandes propietarios, se unieron las clases acomodadas – burgueses, comerciantes o funcionarios – que comenzaron a invertir y especular con edificios, solares, subterráneos, antiguas fábricas, etc., para alojar a un gran número de obreros que crecía en las ciudades. El Real Decreto de “Casas Baratas” y el Directorio Civil, en plena dictadura de Primo de Rivera, supusieron la reforma idónea para la aparición de las grandes constructoras, dándoles el control absoluto del mercado de  vivienda. La mayoría de estas empresas se fundan en los últimos años 20,  primeros 30 y tras la Guerra Civil, en la primera mitad de los años cuarenta. FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, Sacyr o ACS, son algunos ejemplos, que se crean además para cumplir con los planes de industrialización y reconstrucción de los fascistas tras la guerra.

La inmigración de más de 2,5 millones de trabajadores españoles en la década de los 60 y 70 a las principales ciudades industriales – Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, etc. -, acarreó además de la aparición del chabolismo, el aumento de la lucha y organización de los obreros contra la dictadura. Como respuesta el régimen buscó un incentivo para acallar al pueblo: la compra de vivienda y convertir a los trabajadores en propietarios, esclavizándolos mediante la expansión del crédito hipotecario. La llamada “cultura de la propiedad” que se ha mantenido hasta nuestros días. Crear un país de propietarios, no de proletarios, sentenciaba el ministro de vivienda del fascismo, José Luis Arrese en mayo de 1959.

Con el final de la dictadura y la llegada del PSOE al poder, se eliminaron las prórrogas de alquiler que impuso la Ley de Arrendamiento Urbano de 1964, limitándolas  a 5 años, además de abrir el camino a la especulación con la VPO.

De 1996 a 2007 España vive el peor de los llamados booms de la construcción. La Ley del Suelo de 1998 del PP supone la concesión sin límite de crédito para comprar vivienda, que de la mano  del turismo en masa o la mano de obra barata, abonan el terreno para la gran especulación inmobiliaria. Pero llega la crisis capitalista de 2008 y arrasa con todo. Sin trabajo las hipotecas no pueden pagarse, las obras se cancelan. Comienza la etapa que hemos conocido hasta la actualidad: desahucios, fondos buitre, rentistas parasitarios, turismo decadente, etc. El grifo a las constructoras e inmobiliarias se vuelve a abrir en 2013 otorgando crédito sin límite para nuevas obras e inversión inmobiliaria agravando, con más saña si cabe, el problema de la construcción desmesurada sin planificación alguna.

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Pero no todo han sido periodos de grandes beneficios para los capitalistas y miseria para los trabajadores. En 1936, con la llegada del Frente Popular al poder, se decretarían bajadas de los alquileres de hasta el 50%, dependiendo de la renta, se expropiaron bienes inmuebles a los grandes propietarios, se mandó ocupar la vivienda vacía con fines residenciales y se fomentó la promoción de vivienda obrera. En Cataluña, de mano del Decreto de municipalización de la propiedad urbana, fueron los organismos municipales los encargados de recoger las rentas y muchos ayuntamientos pasaron a ser propietarios de inmuebles y solares, es decir, se municipalizó el suelo.

La restricción a los trabajadores para acceder a una vivienda digna en España tuvo un incipiente cambio gracias a la etapa más progresista y democrática que ha habido jamás en nuestro país. Hace 84 años se decretaron cambios en el marco de las leyes que eran infinitamente más transformadores que los actuales.

Todos y cada uno de los partidos políticos tratan de poner parches al problema. Laboratorios como Barcelona, o Madrid en su momento, venden medidas en apariencia transgresoras pero inofensivas frente a la legislación que impiden el acceso a una vivienda digna para los trabajadores.

Ahora la izquierda del sistema quiere imponer la Ley Catalana de Alquileres, Ley 11/2020 que pretende regular las rentas de alquiler. Una ley gestada por el Sindicat de Llogaters y  aprobada por JuntsXCat, Comuns, CUP, ERC y el apoyo de 400 entidades sociales, con honrosas excepciones como la Asociación 500×20. Los capitalistas de cara amable, la izquierda caniche, apoyados por el nacionalismo más reaccionario, han querido mirarse en el espejo de ciudades como Viena o Berlín, donde la medida ha fracasado totalmente y la vivienda continúa estando en manos de la especulación más terrible.

Una ley que legitima la burbuja inmobiliaria, ya que no se trata de hacer bajar los precios, sino de congelarlos. ¿Qué utilidad tiene una ley cuyo objetivo es congelar precios, en una fase en la que estos han comenzado a estancarse y bajar por causa de la nueva crisis?

La violación de esta ley por parte de los propietarios ya se ha disparado en Cataluña y la Generalitat no tiene capacidad administrativa alguna para imponer multas. Es más, si  el     gobierno, comunidades y ayuntamientos fomentan con sus políticas la burbuja y no se persigue a los especuladores y se expropia, los precios seguirán subiendo, ya que estos  dependen en última instancia de la legislación de vivienda. Todos los mecanismos que establece esta ley para regular y mantener los precios, dependen del mercado y de la buena voluntad de los propietarios. No es más que la ficción de progreso en un mercado que dominan los intereses de los propietarios. En la España actual, donde más del 50% de los contratos de alquiler no se declaran, esta ley será sistemáticamente saboteada por la patronal de propietarios.

Desde el Frente Obrero somos plenamente conscientes de que regular el derecho de acceso a una vivienda digna en España no pasa por luchar por reformas. Nuestra pretensión no es la de vender humo como todos los mamporreros del sistema capitalista, llenándonos la boca de legislaciones, cambios y recursos. No seremos la reforma dentro de la reforma. Nuestro objetivo es la transformación de la sociedad actual, rompiendo con los establecido.

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Tras la crisis sanitaria y económica que ha traído el COVID-19, no hay partido político capaz, al frente de cualquier ciudad que esté siendo diezmada por los desahucios, de decretar soluciones reales para los trabajadores. El gobierno del PSOE-Unidas Podemos, vende patrias al servicio de la oligarquía, solo ponen parches. Sus créditos van directamente al bolsillo de los rentistas y engañan a los obreros una y otra vez buscando la desmovilización de la clase trabajadora. En un país donde disponemos de un parque de vivienda vacío, suficiente para cubrir las necesidades residenciales de toda la población, ¿por qué se sigue construyendo vivienda? Porque los distintos gobiernos, ya sea central, autonómico o municipal, trabajan por y para los intereses de las grandes empresas.

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Queremos una alternativa basada en la planificación económica, expropiando a los grandes monopolios que dominan el país, que sobreviven usurpando y robando a los trabajadores.

Tal y como anuncia nuestro programa, la apuesta del Frente Obrero es la apuesta por una República Popular y Federal, encaminada a resolver los problemas que afectan a nuestro país, como el de la vivienda. Una república de explotadores no servirá para abordar los problemas que afectan a la clase obrera en España.

Las transformaciones solo vendrán de la mano de la lucha y la unidad de todos los trabajadores. Transformación que revierta la política reformista, sometida, de la izquierda del sistema, progre, y acomplejada,  cuyas políticas son la muerte en vida para las aspiraciones de los obreros en España. Repetimos, no seremos la reforma dentro de la reforma. No peleamos ni aspiramos a organizar a los trabajadores en un frente amplio que recoja lo mejor de la lucha de clases en nuestro país, para engañar o traicionar, para acabar vendiendo un programa de mínimos que blanquee el capitalismo.

 

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